El fenómeno de la sostenibilidad no puede entenderse de forma aislada o local, sino que requiere una regulación internacional que proporcione pautas comunes de actuación. Este marco normativo se construye a través de tratados internacionales, estrategias nacionales y compromisos globales como la Agenda 2030.
La Agenda 2030, aprobada por la ONU en 2015, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dirigidos a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Es un llamado universal a la acción para transformar el mundo.
El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es el principal instrumento para guiar los programas de desarrollo en cada país. Tiene como funciones principales articular la respuesta colectiva de la ONU, promover alianzas, traducir los principios de la Agenda 2030 en acciones concretas y adaptar las estrategias a las necesidades locales.
El Acuerdo de París, adoptado en 2015 y en vigor desde 2016, es un tratado internacional vinculante para combatir el cambio climático. Busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 ºC respecto a niveles preindustriales, mediante compromisos nacionales de reducción de emisiones.
El Marco Estratégico de Energía y Clima de la Unión Europea y España se enfoca en la transición energética y la modernización económica a través de acciones como la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
La Agenda 2030 constituye un plan global de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Sus 17 ODS y 169 metas están interrelacionados y cubren aspectos económicos, sociales y ambientales. Entre los principales objetivos se encuentran:
Además, se introducen las 5P como ejes que resumen la visión de la sostenibilidad: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Participación. Estos elementos refuerzan la naturaleza interdependiente de los ODS.
Las empresas pueden orientar sus decisiones hacia la sostenibilidad a través de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Estos se utilizan para evaluar el impacto de las organizaciones en su entorno:
El cumplimiento de estos criterios es clave para la sostenibilidad empresarial, ya que influye en la reputación, en la confianza de los inversores y en el valor a largo plazo de la empresa.
Los stakeholders o grupos de interés son aquellas personas o entidades que influyen o se ven afectadas por la actividad de una empresa. Incluyen empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores, comunidades locales, sindicatos, medios de comunicación, administraciones públicas, entre otros. Es fundamental que las empresas identifiquen a sus stakeholders y los incluyan en la toma de decisiones, aplicando criterios ASG de forma que sus intereses sean respetados. Esta relación abierta y transparente contribuye a la sostenibilidad y la cohesión social.
Evaluar la sostenibilidad requiere el uso de indicadores específicos que permitan medir el desempeño ambiental, social y de gobernanza. Algunos de los más comunes son:
Otros indicadores incluyen el consumo energético, el volumen de residuos generados y reciclados, el impacto social generado, y el grado de cumplimiento de los ODS.